La confidencialidad en el proceso de mediación: conceptos, personas afectadas y excepciones.

La confidencialidad es uno de los pilares fundamentales de la mediación cuya finalidad es propiciar la confianza necesaria para que las partes en disputa puedan expresar sus necesidades e intereses con franqueza y sinceridad. Es una condición indispensable para generar un entorno en el que las partes intenten alcanzar un acuerdo por sí mismas.

¿Qué es la confidencialidad en mediación?
La confidencialidad es la obligación de mantener reserva sobre los hechos conocidos durante las sesiones de mediación y la obligación de no revelar ningún dato o información durante y después de la mediación, tanto si el proceso concluye con acuerdo como sin él.

¿A quién obliga la confidencialidad en mediación?
En primer lugar la obligación de confidencialidad afecta al mediador y se concibe como “secreto profesional” (el mismo que obliga a médicos, psicólogos, periodistas…). En este sentido, el mediador no podrá ser citado por ninguna de las partes en caso de litigio posterior relacionado con la mediación practicada y si se produce el caso, podrá renunciar a intervenir como testigo.
La obligación de confidencialidad afecta también a las partes y a toda persona que participe en el proceso de mediación.
Una de las obligaciones del mediador es asegurarse antes de iniciar la mediación que las partes conocen y se obligan a la confidencialidad en relación a toda información que se ponga de manifiesto durante el proceso. También cuando participen terceras personas (observadores, asesores legales, supervisores…).

Excepciones
Existen algunos supuestos en los que la información conocida como consecuencia de la mediación si podrá ser revelada. Son los siguientes:
1. Acuerdo previo entre las partes para que la información sea revelada.
2. Estadística: uso no personalizado y anónimo con objetivos de formación o investigación
3. Por razones imperiosas de orden público: cuando la información revelada implica una amenaza para la integridad física o psíquica de una persona o supone un hecho delictivo perseguible de oficio. En este caso, el mediador está obligado a informar a las autoridades competentes.
4. Homologación de los acuerdos adoptados. Aunque el resultado o acta final del proceso de la mediación también está sujeto al principio de confidencialidad, podrá ser utilizado por cualquiera de las personas afectadas, si tiene validez ante los tribunales, instituciones o administraciones y si todas las partes acuerdan su ratificación u homologación.

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